Mientras el mundo debate sobre emisiones de carbono y temperaturas récord, una crisis silenciosa se despliega ante nuestros ojos: millones de personas están siendo forzadas a abandonar sus hogares no por guerras ni persecuciones políticas, sino porque el clima ya no les permite sobrevivir. La migración climática no es una amenaza lejana: es un presente urgente que nos interpela a todos. En este blog exploramos su magnitud, sus rostros humanos, el vacío legal que los envuelve y las esperanzas que aún podemos construir.

La migración climática como un problema global.
El cambio climático no es sólo una crisis ambiental: es, ante todo, una crisis humana. Según el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2024 del IDMC, más de 32.6 millones de personas fueron desplazadas en 2023 debido a desastres naturales, una cifra que representa el 71% de todos los desplazamientos internos globales. Asimismo, el Banco Mundial, en su informe Groundswell II: Acting on Internal Climate Migration, advierte que si no se toman medidas urgentes, hasta 216 millones de personas en América Latina, África Subsahariana y Asia podrían verse forzadas a migrar dentro de sus países para 2050.

“El cambio climático se está convirtiendo en el principal motor de movilidad humana del siglo XXI”, afirmó António Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta migración no es futurista ni hipotética: ya está ocurriendo. Sus impactos se sienten principalmente en las regiones más vulnerables, donde los medios de vida tradicionales, como la agricultura y la pesca, ya no pueden sostener a las comunidades.

Casos concretos en América Latina.
Uno de los ejemplos más alarmantes de migración climática en América Latina se vive en el llamado Corredor Seco Centroamericano, que abarca áreas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta región enfrenta condiciones extremas de sequía, degradación de suelos y fenómenos meteorológicos erráticos que afectan gravemente la seguridad alimentaria. Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), alrededor del 40% de la población rural en el Corredor Seco reporta haber perdido sus cosechas en los últimos cinco años debido a condiciones climáticas adversas. Más del 60% considera la migración como estrategia de supervivencia. “Antes teníamos dos cosechas al año. Ahora, con suerte, sacamos media. No hay más opción que irse”, señala un reporte de Oxfam Internacional basado en testimonios locales.

La historia de María: María Hernández, campesina de 46 años en Choluteca, Honduras, vivía de sembrar maíz y frijoles. “Ya no llovía como antes. Año tras año sembrábamos sin recoger nada. Mis hijos comenzaron a pasar hambre”, relata. En 2022, tras perder tres cosechas consecutivas, María decidió migrar con su familia a Tegucigalpa, dejando atrás su tierra natal. Su historia refleja la de miles de familias del Corredor Seco que migran no por elección, sino por necesidad vital.

Otro caso preocupante, le corresponde a Ecuador. En la provincia de Chimborazo, comunidades como Santa Lucía de Chuquipogyo enfrentan la amenaza de lahares provocados por el deshielo del volcán Chimborazo. Estos flujos han afectado la agricultura, la ganadería y la infraestructura, llevando a considerar la reubicación planificada de la población para salvaguardar sus medios de vida.

La Historia de Miriam y la sequía en Cotopaxi: Miriam Cayo, originaria de Cotopaxi, migró con su familia a Machachi, en la provincia de Pichincha, debido a la falta de agua que dejó a su pueblo sin trabajo ni esperanzas. En Machachi, encontraron tierras fértiles y nuevas oportunidades, adaptándose a los desafíos del cambio climático mediante la diversificación de actividades económicas.
Este fenómeno evidencia cómo el cambio climático no solo desplaza cuerpos: arrasa identidades, desgarra comunidades y transforma culturas enteras.

Refugiados climáticos: sin nombre, sin derechos. Una revisión de los vacíos legales y desprotección.
Pese a su creciente gravedad, la migración climática carece de reconocimiento jurídico internacional. Actualmente, los migrantes climáticos no califican como refugiados bajo la definición de la Convención de Ginebra (1951), la cual exige persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Así, quienes huyen por sequías, huracanes o erosión de tierras, quedan desprotegidos en un limbo legal. Como afirma el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes: “El derecho internacional sigue teniendo un vacío evidente respecto a los desplazamientos causados por desastres naturales y cambio climático” (ONU, 2022).

Existen intentos recientes para avanzar en su reconocimiento, como el Pacto Mundial sobre Migración (2018) que reconoce la relación entre cambio climático y movilidad humana, pero este instrumento no es legalmente vinculante. Sin reformas urgentes, millones de desplazados seguirán atrapados en la invisibilidad y la vulnerabilidad.

Resiliencia y caminos hacia la esperanza
Aunque el desafío es enorme, también emergen respuestas esperanzadoras.

En América Latina, proyectos como "Migration as Adaptation" en Guatemala o el Programa de Resiliencia Rural de la FAO están ayudando a comunidades a diversificar sus fuentes de ingresos, gestionar el agua de forma sostenible y prepararse mejor frente a desastres naturales.

“La migración no debe ser vista solo como un fracaso de la adaptación climática, sino también como una estrategia legítima de resiliencia y supervivencia”, señala el investigador Robert McLeman, experto en migración climática.

Además, movimientos sociales, ONGs y redes académicas abogan por un nuevo marco jurídico global que garantice derechos, asistencia y protección a quienes se ven forzados a desplazarse por causas ambientales.

Ecuador, por su parte, ha implementado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2023-2027), que busca integrar la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo a escala nacional y local. Este plan se enfoca en reducir la vulnerabilidad de las comunidades y fortalecer su resiliencia frente a los impactos climáticos.

Además, proyectos como AdaptaClima han beneficiado a más de 160,000 habitantes en ciudades costeras como Esmeraldas, mediante la implementación de sistemas de alerta temprana contra inundaciones y la promoción de infraestructura verde.

La Fundación Progressio Ecuador (FPE) precisamente colaboró con el programa de Fortalecimiento de la Casa del Migrante del GAD de Riobamba. FPE brindó asistencia técnica para el diseño del Modelo de Gestión de la Casa del Migrante del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba. Esta propuesta planteó la conformación del Centro de Atención Integral (CAI) para las personas en situación de movilidad humana (PSMH); para fortalecer el tejido social en condición de movilidad humana desde un enfoque de desarrollo integral, a través de la formulación de estrategias que promuevan el cumplimiento de sus derechos para fortificar sus capacidades sociales, productivas y culturales. Bajo ese contexto, la propuesta de FPE para la CAI contempló el ejercicio pleno de los derechos con énfasis en la inclusión socioeconómica de las PSMH que viven en el cantón de Riobamba. Esto mediante la prestación de servicios dentro del CAI por medio de la aplicación del marco regulatorio vigente y otros instrumentos afines en materia de migración. La provincia de Chimborazo en general y, particularmente la ciudad de Riobamba, cuentan con una dinámica migratoria compleja donde convergen todas las facetas de la movilidad humana: inmigración; emigración; retornados (retorno voluntario, retorno forzado); protección internacional; además de los delitos conexos a los procesos migratorios como la trata y el tráfico ilegal de migrantes. La Casa del Migrante cuenta con más de catorce años de atención a la PSMH en la ciudad de Riobamba; la cual, se puede considerar una iniciativa pionera a nivel nacional donde un gobierno local asume competencias para garantizar derechos de las PSMH.

Sumado a lo anterior, FPE forma parte de un proyecto regional de gran impacto: la Red de Migración, Refugio y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (REDLAC). Esta iniciativa reúne a personas expertas que coordinan y lideran redes de organizaciones, centros de estudios y plataformas académicas dedicadas a los temas de migración, refugio y movilidad humana. REDLAC se ha consolidado como un espacio de articulación colectiva, intercambio de saberes y producción de conocimiento que busca incidir de manera efectiva en las políticas públicas migratorias en América Latina y el Caribe, promoviendo un enfoque de derechos humanos, justicia social y responsabilidad compartida. La Fundación Progressio Ecuador es miembro fundador de REDLAC y, desde sus inicios, ha mantenido una participación activa en el desarrollo de sus actividades. Su compromiso con los derechos de las personas en movilidad humana se traduce en un trabajo sostenido por la defensa de una migración digna, segura y ordenada, con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables. El valor estratégico de REDLAC radica en su capacidad para articular saberes locales y regionales, generar pensamiento crítico desde el Sur Global y establecer vínculos de cooperación entre múltiples actores comprometidos con la justicia migratoria. Su metodología de trabajo está basada en la construcción colectiva, la horizontalidad y el respeto a la diversidad de enfoques. Esto ha permitido que las acciones de la red no solo se limiten al ámbito académico, sino que también se proyecten hacia la incidencia política y social, generando insumos útiles para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la sensibilización ciudadana.

La migración climática no es solo una tragedia: también puede ser un catalizador para impulsar una nueva ética de solidaridad, justicia climática y derechos humanos. Hoy todavía estamos a tiempo de actuar. La migración climática nos recuerda que estamos todos conectados por la misma casa común: la Tierra. Defender los derechos de quienes migran hoy es también defender nuestro propio futuro.

En conclusión, organizaciones como Progressio Ecuador reafirman su compromiso de seguir impulsando espacios de análisis, formación y acción conjunta que fortalezcan las capacidades de las comunidades afectadas por la migración climática, promuevan una cultura de paz y garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos. Desde este enfoque, se apuesta por una región más justa, inclusiva y solidaria, donde la movilidad forzada por el cambio climático no sea vista como sinónimo de exclusión, sino como una oportunidad para el encuentro, la cooperación y la transformación social.

Autora: Lorena Yáñez, ONUVD.

Referencias:
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on Internal Displacement 2024.
Banco Mundial, Groundswell II: Acting on Internal Climate Migration (2021).
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), World Migration Report 2022.
FAO y PMA, Food Security and Migration: Why Rural Development Matters (2020).
Naciones Unidas, Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Informe 2022.
Oxfam Internacional, The Dry Corridor: Climate Change in Central America (2022).
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Migrar por la sequía: la historia de Miriam y la tierra que la abraza (2024).
Red de las Naciones Unidas sobre Migración, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador (2023).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Plan de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador 2023-2027 (2023).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), AdaptaClima busca reducir los riesgos climáticos en ciudades costeras de Chile y Ecuador (2024).
Progressio Ecuador, Personas en movilidad humana (2024).