Este sábado, como cada 9 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha establecida por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1994 mediante la Resolución 49/214, en honor a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas celebrada en 1982. No obstante, el respaldo jurídico que legitima las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas tiene raíces aún más profundas: la Resolución 1514 (XV) y 1515 (XV), adoptadas por la Asamblea General en 1960, constituyen pilares fundamentales en la afirmación del derecho de los pueblos a la autodeterminación, al desarrollo y a la no injerencia en sus asuntos internos.

La Resolución 1515 (XV), en particular, establece que "los pueblos tienen derecho a ejercer libremente su soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales" y vincula esta libertad al ejercicio efectivo del desarrollo económico y social, libre de toda forma de opresión o dominación. Aunque fue formulada en el marco de la descolonización formal, su vigencia hoy es innegable: los pueblos indígenas siguen enfrentando colonialismos estructurales, muchas veces bajo formas de extractivismo, despojo, criminalización o invisibilización cultural.

Una deuda jurídica histórica aún vigente

Desde una perspectiva jurídica, es imprescindible entender que los pueblos indígenas no son simplemente minorías culturales: son sujetos colectivos de derecho reconocidos por instrumentos internacionales vinculantes. Uno de los más relevantes es el Convenio 169 de la OIT (1989), ratificado por Ecuador, que establece estándares claros sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada en asuntos que afecten sus territorios, modos de vida y cultura. Este tratado reconoce, además, el derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) amplía estos principios y reconoce expresamente derechos como la libre determinación, la propiedad y control sobre tierras, territorios y recursos, el acceso a la justicia, la protección contra el desplazamiento forzado, y la participación plena y efectiva en la toma de decisiones que les conciernen. En conjunto, estos instrumentos configuran lo que hoy puede considerarse un corpus iuris del derecho indígena internacional.

A nivel nacional, la Constitución ecuatoriana de 2008 representa un avance significativo. En su artículo 1, Ecuador se declara un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. En el artículo 57 se consagran los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, incluyendo la conservación de su identidad cultural, la propiedad sobre sus tierras ancestrales, la administración de justicia indígena conforme a sus costumbres, y la consulta previa.

Sin embargo, la existencia de normas no garantiza su aplicación efectiva. La falta de recursos, la debilidad institucional, la falta de voluntad política y la presión de intereses económicos han limitado la plena vigencia de estos derechos. 

La apuesta  de Progressio Ecuador

Desde Fundación Progressio Ecuador entendemos que la justicia social no puede lograrse sin desarrollo autónomo. Por eso, nuestros proyectos con pueblos indígenas no se limitan a intervenciones sociales, sino que buscan fortalecer la autogestión y sostenibilidad de las comunidades para que puedan ejercer sus derechos colectivos de manera autónoma y reducir el riesgo de que sean víctimas del crimen internacional organizado, manipulación política y migración riesgosa, interna o externa. 

A través de iniciativas como:

• Proyecto del Agave Andino, hemos trabajado con comunidades kichwas y mestizas en la recuperación de saberes ancestrales sobre el uso del agave, impulsando un modelo de economía circular y sostenible que se articula con el derecho al trabajo, al desarrollo económico propio y a la conservación del patrimonio cultural inmaterial. (Con financiamiento de la Unión Europea). 
• En Chilly Urku (Pastaza), Progressio ha acompañado procesos de monitoreo comunitario de delitos ambientales, articulando saberes locales con mecanismos legales y herramientas de gobernanza participativa. Este proyecto, realizado junto con la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC), demuestra cómo el control territorial indígena puede ser una vía legítima y eficaz de protección jurídica del ambiente.
• En el Valle de La Esperanza (Ibarra), trabajamos con enfoque intergeneracional para empoderar a comunidades indígenas y campesinas en la protección del páramo, un ecosistema vital para la seguridad hídrica. Aquí se enlazan derechos colectivos a la tierra y el agua con principios de justicia ambiental y gobernanza sostenible. Con financiamiento de GITOC. 

Progressio también promueve el fortalecimiento intercultural, la generación de alianzas con universidades y centros de investigación, y la construcción de estrategias sostenibles a largo plazo.

Un llamado desde la tierra y el derecho

Este 9 de agosto, más que conmemorar, llamamos a la acción. A reconocer que el desarrollo sostenible solo es posible cuando se cimienta tanto en el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas como en acciones efectivas para su autogestión y autonomía económica. A visibilizar que el derecho internacional no es solo letra en tratados, sino fuerza viva cuando se articula con la memoria, la dignidad y el esfuerzo colectivo .

Porque los pueblos indígenas no son relictos del pasado. Son arquitectos del futuro. Y su lucha, por alcanzar mejores medios de vida, educación, salud y, en general, prosperidad, es la nuestra también.